Redadas de Salud Mental: La próxima fase de la guerra del Gobierno contra los delitos de pensamiento

 

"No hay pensamientos peligrosos; pensar en sí mismo es una actividad peligrosa"-Hannah Arendt

Prepárense para la siguiente fase de la guerra del gobierno contra los delitos de pensamiento: redadas de salud mental y detenciones involuntarias.

Bajo el pretexto de la salud pública y la seguridad, el gobierno podría utilizar la atención de la salud mental como pretexto para atacar y encerrar a disidentes, activistas y cualquier persona que tenga la mala suerte de estar incluida en una lista de vigilancia del gobierno.

Si no cortamos esto de raíz, y pronto, esto se convertirá en otro pretexto por el cual los funcionarios del gobierno pueden violar la Primera y Cuarta Enmiendas a voluntad.

Así es como empieza.

En comunidades de todo el país, la policía está facultada para detener por la fuerza a personas que creen que pueden tener una enfermedad mental, basándose únicamente en su propio juicio, incluso si esas personas no suponen ningún peligro para los demás.

En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, podrías encontrarte hospitalizado a la fuerza por sospecha de enfermedad mental si tienes "creencias firmemente arraigadas que no son congruentes con las ideas culturales", muestras "disposición a participar en discusiones significativas", tienes "miedo excesivo a estímulos específicos" o rechazas recomendaciones de tratamiento voluntario”.

Si bien estos programas están aparentemente destinados a sacar a los sin techo de las calles, cuando se combinan con los avances en las tecnologías de vigilancia masiva, los programas impulsados por inteligencia artificial que pueden rastrear a las personas por su biometría y comportamiento, los datos de los sensores de salud mental (rastreados por datos portátiles y supervisados por agencias gubernamentales como HARPA), las evaluaciones de amenazas, las alertas de detección de comportamientos, las iniciativas previas a la comisión de delitos, las leyes de alerta roja sobre armas de fuego y los programas de primeros auxilios en salud mental destinados a formar a los guardianes para que identifiquen quién puede suponer una amenaza para la seguridad pública, podrían marcar un punto de inflexión en los esfuerzos del gobierno por penalizar a quienes cometen los llamados "delitos de pensamiento".

Como informa AP, los funcionarios federales ya están estudiando la forma de añadir “datos identificables de pacientes”, como información sobre salud mental, consumo de sustancias y salud conductual de hogares de acogida, refugios, cárceles, centros de desintoxicación y escuelas" a su conjunto de herramientas de vigilancia.

No nos equivoquemos: estos son los cimientos de un gulag estadounidense no menos siniestro que los gulags de la Unión Soviética de la época de la Guerra Fría.

La palabra "gulag" se refiere a un campo de trabajo o concentración donde los prisioneros (a menudo presos políticos o los llamados "enemigos del Estado", reales o imaginarios) eran encarcelados como castigo por sus crímenes contra el Estado.

El gulag, según la historiadora Anne Applebaum, utilizado como una forma de "exilio administrativo -que no requería juicio ni procedimiento de sentencia- era un castigo ideal no sólo para los alborotadores como tales, sino también para los opositores políticos al régimen".

Los regímenes totalitarios como la Unión Soviética también declaraban a los disidentes enfermos mentales y enviaban a los presos políticos a cárceles disfrazadas de hospitales psiquiátricos, donde podían ser aislados del resto de la sociedad, sus ideas desacreditadas y sometidos a descargas eléctricas, drogas y diversos procedimientos médicos para quebrarlos física y mentalmente.

Además de declarar mentalmente insanos a los disidentes políticos, los funcionarios de la Unión Soviética de la época de la Guerra Fría también utilizaban un proceso administrativo para tratar a las personas consideradas una mala influencia para los demás o problemáticas. El autor George Kennan describe un proceso en el que:

La persona detestable puede no ser culpable de ningún delito. . . pero si, en opinión de las autoridades locales, su presencia en un lugar determinado es "perjudicial para el orden público" o "incompatible con la tranquilidad pública", puede ser detenida sin orden judicial, puede ser recluida de dos semanas a dos años en prisión, y luego puede ser trasladada por la fuerza a cualquier otro lugar dentro de los límites del imperio y allí ser puesta bajo vigilancia policial por un período de uno a diez años.

Incautaciones sin orden judicial, vigilancia, detención indefinida, aislamiento, exilio... ¿le suena?

Pues debería.

La antigua práctica mediante la cual los regímenes despóticos eliminan a sus críticos o adversarios potenciales haciéndoles desaparecer -o forzándolos a huir- o exiliándolos literal o figurada o virtualmente de sus conciudadanos, está ocurriendo cada vez con más frecuencia en Estados Unidos.

Ahora, mediante el uso de leyes de bandera roja, evaluaciones de amenazas conductuales y programas de prevención policial previos al delito, se están sentando las bases que permitirían al gobierno convertir en arma la etiqueta de enfermedad mental como medio para exiliar a los denunciantes, disidentes y luchadores por la libertad que se niegan a marchar al unísono con sus dictados.

Que el gobierno utilice la acusación de enfermedad mental como medio para inmovilizar (y desarmar) a sus críticos es diabólico. De un plumazo, estos individuos son declarados enfermos mentales, encerrados contra su voluntad y despojados de sus derechos constitucionales.

Estos acontecimientos no son más que la materialización de varias iniciativas del gobierno estadounidense que se remontan a 2009, incluida una denominada Operación Águila Vigilante, que insta a vigilar a los veteranos militares que regresan de Irak y Afganistán, caracterizándolos como extremistas y potenciales amenazas terroristas domésticas porque pueden estar "descontentos, desilusionados o sufrir los efectos psicológicos de la guerra."

Junto con el informe sobre "Extremismo de derecha: el actual clima económico y político que alimenta el resurgimiento de la radicalización y el reclutamiento" emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (curiosamente, un término soviético), que define ampliamente a los extremistas de derechas como individuos y grupos "que son principalmente antigubernamentales, que rechazan la autoridad federal en favor de la autoridad estatal o local, o que rechazan totalmente la autoridad gubernamental", estas tácticas son un mal presagio para cualquiera que se oponga al gobierno.

Así, lo que comenzó como un proyecto bajo la administración Bush se ha convertido desde entonces en un manual de operaciones para exiliar a quienes desafían la autoridad del gobierno.

Sin embargo, un punto importante a tener en cuenta es que el gobierno no está simplemente atacando a individuos que expresan su descontento, sino que está encerrando a individuos entrenados en la guerra militar que expresan sentimientos de descontento.

Bajo la apariencia de un tratamiento de salud mental y con la complicidad de los psiquiatras del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estos veteranos son presentados cada vez más como bombas de relojería que necesitan una intervención.

Por ejemplo, el Departamento de Justicia puso en marcha un programa piloto destinado a entrenar a los equipos SWAT para hacer frente a enfrentamientos en los que participen veteranos de combate altamente entrenados y, a menudo, fuertemente armados.

Una de las tácticas empleadas para hacer frente a los llamados "sospechosos con enfermedades mentales que también han sido entrenados en la guerra moderna" es el uso de las leyes de internamiento civil, presentes en todos los estados y empleadas a lo largo de la historia de Estados Unidos no sólo para silenciar a los disidentes, sino para hacerlos desaparecer.

Por ejemplo, los funcionarios de la NSA intentaron etiquetar al ex empleado Russ Tice, que estaba dispuesto a testificar en el Congreso sobre el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial de la NSA, como "desequilibrado mental" basándose en dos evaluaciones psiquiátricas ordenadas por sus superiores.

El agente de la policía de Nueva York Adrian Schoolcraft sufrió una redada en su domicilio y fue esposado a una camilla y detenido bajo custodia por un supuesto episodio psiquiátrico. Más tarde se descubrió, mediante una investigación interna, que sus superiores estaban tomando represalias contra él por denunciar conductas policiales indebidas. Schoolcraft pasó seis días ingresado en un centro psiquiátrico y, como indignidad adicional, recibió una factura de 7.185 dólares al ser dado de alta.

El infante de marina Brandon Raub -que defiende la verdad sobre el 11-S- fue detenido y recluido en un pabellón psiquiátrico en virtud de la ley de internamiento civil de Virginia por los mensajes que había publicado en su página de Facebook en los que criticaba al gobierno.

Cada estado tiene su propio conjunto de leyes de internamiento civil o involuntario. Estas leyes son extensiones de dos principios jurídicos: parens patriae Parens patriae  (en latín, "padre de la patria"), que permite al gobierno intervenir en nombre de los ciudadanos que no pueden actuar en su propio interés, y el poder de policía, que obliga al Estado a proteger los intereses de sus ciudadanos.

La fusión de estos dos principios, junto con el cambio hacia un criterio de peligrosidad, ha dado lugar a una mentalidad de Estado niñera llevada a cabo con la fuerza militante del Estado policial.

El problema, por supuesto, es que el diagnóstico de enfermedad mental, aunque es una preocupación legítima para algunos estadounidenses, se ha convertido con el tiempo en un medio conveniente por el cual el gobierno y sus socios corporativos pueden penalizar ciertos comportamientos sociales "inaceptables".

De hecho, en los últimos años, hemos sido testigos de la patologización de las personas que se resisten a la autoridad por sufrir un trastorno opsicional desafiante (TOD), definido como "un patrón de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia las figuras de autoridad". Según esta definición, todos los activistas importantes de nuestra historia -desde Mahatma Gandhi hasta Martin Luther King Jr.- podrían considerarse como personas que padecen trastorno mental TOD.

Por supuesto, todo esto forma parte de una tendencia más amplia de la gobernanza estadounidense por la que la disidencia es criminalizada y patologizada, y los disidentes son censurados, silenciados, declarados no aptos para la sociedad, etiquetados de peligrosos o extremistas, o convertidos en parias y exiliados.

Las leyes de bandera roja sobre armas (que autorizan a los funcionarios del gobierno a confiscar armas a personas consideradas peligrosas para sí mismas o para los demás) son un ejemplo perfecto de esta mentalidad y de las ramificaciones a las que podría conducir esto.

Como informa The Washington Post, estas leyes de bandera roja sobre armas de fuego "permiten a un familiar, compañero de piso, novio, agente de la ley o cualquier tipo de profesional médico presentar una petición [ante un tribunal] solicitando que el domicilio de una persona quede temporalmente libre de armas de fuego. No requiere un diagnóstico de salud mental ni una detención".

Con estas leyes de armas de bandera roja, la intención declarada es desarmar a los individuos que son amenazas potenciales.

Aunque en teoría parece perfectamente razonable querer desarmar a individuos que son claramente suicidas y/o suponen un "peligro inmediato" para ellos mismos o para los demas, donde surge el problema es cuando se pone el poder de determinar quien es un peligro potencial en manos de las agencias gubernamentales, los tribunales y la policía.

Recuerde, este es el mismo gobierno que utiliza las palabras "antigubernamental", "extremista" y "terrorista" indistintamente.

Este es el mismo gobierno cuyos agentes están tejiendo una telaraña pegajosa de evaluaciones de amenazas, advertencias de detección de comportamientos, "palabras" marcadas e informes de actividades "sospechosas" utilizando ojos y oídos automatizados, medios sociales, software de detección de comportamientos y espías ciudadanos para identificar amenazas potenciales.

Este es el mismo gobierno que sigue renovando la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que permite a los militares detener a ciudadanos estadounidenses sin acceso a amigos, familiares o tribunales si el gobierno cree que son una amenaza.

Es el mismo gobierno que tiene una lista cada vez mayor -compartida con los centros de fusión y los organismos encargados de hacer cumplir la ley- de ideologías, comportamientos, afiliaciones y otras características que podrían señalar a alguien como sospechoso y dar lugar a que se le etiquete como enemigo potencial del estado.

Por ejemplo, si crees en tus derechos constitucionales y los ejerces (a saber, tu derecho a hablar libremente, a practicar libremente tu culto, a asociarte con personas afines que compartan tus ideas políticas, a criticar al gobierno, a poseer un arma, a exigir una orden judicial antes de ser interrogado o registrado, o cualquier otra actividad considerada potencialmente antigubernamental, racista, intolerante, anárquica o soberanista), podrías encabezar la lista de vigilancia antiterrorista del gobierno.

Además, como advierte un editorial del New York Times, a los ojos de la policía puedes ser un extremista antigubernamental (también conocido como terrorista doméstico) si temes que el gobierno esté conspirando para confiscar tus armas de fuego, si crees que la economía está a punto de hundirse y que el gobierno pronto declarará la ley marcial, o si exhibes un número inusual de pegatinas políticas y/o ideológicas en tu coche.

Dejemos que esto se asiente por un momento.

Ahora considere las ramificaciones de dar a la policía ese tipo de autoridad con el fin de neutralizar preventivamente una amenaza potencial, y usted entenderá por qué algunos pueden ver estas redadas de salud mental con inquietud.

No importa lo bienintencionados que los políticos hagan parecer estas injerencias en nuestros derechos, en las manos adecuadas (o equivocadas), los planes benévolos pueden fácilmente ponerse al servicio de fines malévolos.

Incluso la ley o el programa gubernamental mejor intencionado puede ser -y ha sido- pervertido, corrompido y utilizado para promover fines ilegítimos una vez que el beneficio y el poder se añaden a la ecuación.

La guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, la guerra contra la inmigración ilegal, la guerra contra el COVID-19: todos estos programas empezaron como respuestas legítimas a preocupaciones acuciantes y desde entonces se han convertido en armas de cumplimiento y control en manos del gobierno. Por ejemplo, las mismas tecnologías de vigilancia masiva que supuestamente eran tan necesarias para luchar contra la propagación del COVID-19 se utilizan ahora para reprimir la disidencia, perseguir a los activistas, acosar a las comunidades marginadas y vincular la información sanitaria de las personas a otras herramientas de vigilancia y de aplicación de la ley.

Como dejo claro en mi libro Battlefield America: The War on the American People y en su homólogo ficticio The Erik Blair Diaries, estamos avanzando rápidamente por esa pendiente resbaladiza hacia una sociedad autoritaria en la que las únicas opiniones, ideas y discursos expresados son los permitidos por el gobierno y sus cohortes corporativas.

Nos encontramos en una encrucijada.

Como advirtió el escritor Erich Fromm: "En este momento de la historia, la capacidad de dudar, criticar y desobedecer puede ser lo único que se interponga entre un futuro para la humanidad y el fin de la civilización."

WC: 2133

John & Nisha Whitehead

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