Los frentes de la nueva guerra mundial que quieren provocar los EEUU pais sacrificado para intentar imponer un NWO-ILLUMINATI estan poco a poco aclarandose,tenemos Ucrania(frente europa)Japon corea del Sur(frente asiatico)Israel(frente en oriente) y Argentenita Venezuela (Frente en Ameriaca)despues de declarar la guerra a Rusia acusandola del derribo del MH17 y ponerle sanciones INJUSTAS SIN NIGUNA BASE JURIDICA a empresas y ciudadanos rusos,ahora van a por nuestros hermanos argentinos,que casualmente tambien pertencen a los BRISC como Rusia y Malasia.
ARGENTINA SER FUERTES RESISITIR EL NUEVO ORDEN MUNDIAL!!!!
EL UNIVERSAL
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció la delegación que irá a Nueva York para reunirse mañana con el mediador Daniel Pollack, a la vez que negó un impacto en la economía de la Argentina si el país entra el miércoles en default, en caso de no lograr acuerdo con los "fondos buitre", informó DPA.
La delegación estará integrada por los secretarios de Finanzas, Pablo López, y de Legal y Técnica de Economía, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, para entrevistarse mañana con Pollack. El ministro de Economía, Axel Kicillof, no viajará.
Capitanich dijo en conferencia de prensa que la delegación seguirá "un dialogo" que "establezca condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100 por ciento de los bonistas".
Pollack se mostró hoy dispuesto a reunise una vez más con los enviados del gobierno argentino dada "la gravedad de la situación".
"La delegación técnica salió de Nueva York el viernes por la noche para hacer consultas con su gobierno en Buenos Aires y no he oído nada de ellos desde entonces", explicó Pollack en un comunicado.
El mediador señaló que ha dejado "perfectamente claro" al gobierno argentino que está "disponible a cualquier hora, tanto en persona como por teléfono, dada la gravedad de la situación y la brevedad de tiempo disponible para resolverlo sin 'default'".
Los "fondos buitre", que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, recurrieron a la justicia de Estados Unidos, que ordenó a la Argentina abonar en un solo pago y en efectivo 1.330 millones de dólares.
El gobierno argentino sostiene que no puede cumplir esa sentencia porque estaría incumpliendo la cláusula RUFO, que hasta fin de este año le impide realizar un mejor acuerdo que el que ya aceptaron otros bonistas en 2005 y 2010.
Si la Argentina ofrece mejores condiciones a los "fondos buitre", el restante 92,4 por ciento de bonistas que ingresaron en los canjes -con importantes quitas- estarían en condiciones de reclamar un trato igualitario.
Los "fondos buitre" son inversores que compraron a muy bajo precio -alrededor del 20 por ciento de su valor- bonos de la deuda que entró en default en 2001. Luego no aceptaron los canjes -con quitas- y litigaron para cobrar el 100 por ciento de su valor.
Fernández de Kirchner denunció que los "fondos buitre" persiguen una ganancia superior al 1.600 por ciento en dólares, "un retorno mayor al crimen organizado".
Argentina cuenta hasta el miércoles para llegar a un acuerdo con los "fondos buitre". Si no lo logra, caerá en una suspensión de pagos como a fines de 2001, aunque los analistas remarcan que la situación es "muy distinta" a la que tuvo lugar hace más de una década.
El diario "Página/12" señaló hoy que si no hay un acuerdo empezará "otra disputa para ver cómo calificar esta situación inédita en la historia financiera mundial".
Esto se debe a que el gobierno argentino insiste con que realizó el pago en tiempo y forma, cuando depositó en el Banco de Nueva York (Bony) el dinero para saldar el vencimiento de deuda reestructurada del 30 de junio.
Entonces, el juez de Nueva York Thomas Griesa intimó al Bony a no pagarles a los bonistas, ya que a la vez también debían cobrar los "fondos buitre", en cumplimiento de su sentencia. El magistrado no embargó esos depósitos, como pidieron los "fondos buitre", pero los bonistas de la deuda reestructurada tampoco recibieron el dinero.
"Página/12" insiste en que "el horizonte que se abre es inédito, y por lo tanto las consecuencias no están del todo claras".
"Lo único seguro", señala el periódico, "es que el escenario está lejos de parecerse al default de 2001, porque en aquella ocasión los bonistas no cobraron porque Argentina no tenía con qué pagar. Ahora, en cambio, Argentina pagó y también está en condiciones de desembolsar los próximos pagos".
El viernes 6 de junio, la Cámara Federal porteña sobreseyó por prescripción a 9 implicados en la causa por el Mega-Canje de la deuda que se llevó adelante en 2001. Se trata de 8 ex funcionarios del gobierno de De la Rúa y el banquero internacional David Murdorf que nunca pudo ser llevado a declarar ante la Justicia argentina. En esta causa se investigan las abultadas comisiones que se pagaron a 7 bancos internacionales y, de esta forma, el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo quedó como el único procesado.
La noche del miércoles el juez federal de Nueva York Thomas Griesa ordenó a Argentina pagar de inmediato y por completo el dinero adeudado a quienes la mandataria ha calificado de "fondos buitres", haciéndolos responsables de muchos de los problemas de Argentina. Ello significa pagar 1.300 millones de dólares antes del 15 de diciembre.
El juez también prohibió que Argentina pague a otros tenedores de bonos hasta que obedezca este fallo, lo que pone a la mandataria contra la pared: si no paga, corre el riesgo de provocar otro cese histórico de la deuda soberana argentina, esta vez por un total de 20.000 millones de dólares.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo el jueves a periodistas que "no es una decisión justa pagar a los fondos buitres" en términos de la "normativa interna" de Argentina y que el país va a seguir defendiendo su posición "con todos los instrumentos legales posibles".
El lunes el gobierno presentará "un pedido de revisión de esta orden de Griesa ante la cámara" de apelaciones en Nueva York.
"Creemos que en la cámara volverán a presentarse argumentaciones por (parte de) Argentina y todos los bonistas que se presentaron ante Griesa. De ser necesario vamos a recurrir todas las decisiones que sean contrarias a intereses" de este país, dijo el ministro en referencia a que el gobierno llegará eventualmente ante la Corte Suprema de Estados Unidos y "cualquier instancia internacional necesaria".
"Seguimos confiando que justicia de EEUU va a solucionar esto de forma tal de no afectar a Argentina, sus legítimos acreedores y un contexto internacional donde se hace patente la importancia de estas decisiones ... en términos de la arquitectura financiera internacional", señaló.
Gries dijo que "difícilmente se puede considerar una injusticia el emitir fallos legales que impliquen que Argentina debe pagar lo que debe. Luego de 10 años de litigio, este es un resultado justo".
El diputado argentino Agustín Rossi, quien dirige el bloque del partido gobernante en el Congreso, calificó de "criticable y repudiable" el fallo de Griesa en una entrevista el jueves con la radio FM Metro.
"El juez Griesa ha actuado, inclusive, en contra de las recomendaciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sosteniendo las demandas de esos fondos buitres" al obligar a saldar el cien por ciento de la deuda antes del 15 de diciembre, sostuvo.
El diputado oficialista criticó que esos fondos "compraron bonos de la deuda argentina casi a precio vil, tirado en el piso y ahora quieren cobrarlos a los precios nominales con la consiguiente carga de intereses, en un acto de especulación financiera de los más viles que existe en el mundo".
Señaló además que él personalmente cree que estaría dentro de las facultades del gobierno rechazar el fallo a nombre de los argentinos.
La presidenta argentina y su ministro de Economía insistieron esta semana que no pagarán un solo dólar a los demandantes y dijeron que apelarían ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero el juez no le dejó espacio de maniobra a Fernández al ordenar que el dinero sea depositado en un fideicomiso del cual puedan cobrar los litigantes.
"Estas amenazas no pueden ser desatendidas", escribió el juez. "Entre menos tiempo se le dé a Argentina para hallar modos de evadirse, más garantías hay contra dicha evasión", agregó.
Si Fernández se niega, el juez dijo que el Banco de Nueva York, el cual procesa los pagos de los bonos argentinos, infringiría la orden si no retiene los pagos para los demás tenedores de bonos.
"Es un desastre. Esto no ayuda a Argentina. El cese de pagos podría producirse", dijo el jueves desde Nueva York Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs. "Los mercados van a reaccionar de forma negativa", agregó.
A media rueda, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 2,54%.
La situación sacudió a los departamentos jurídicos de las instituciones financieras más poderosas de Estados Unidos.
La Reserva Federal y Clearing House, que representa a los bancos comerciales más grandes del mundo, dijeron al juez que se asegure de que su orden no afectará al sistema estadounidense de transferencia de fondos, que en forma automática mueve un promedio diario de 2,6 billones de dólares en medio millón de transferencias entre más de 7.000 bancos.
En un documento jurídico presentado el domingo, la Reserva Federal anticipó severas consecuencias para un sistema que cuenta con que las transferencias sean "inmediatas, finales e irrevocables" una vez procesadas. Requerir a las instituciones financieras intermedias que identifiquen, detengan y desvíen pagos según los mandamientos judiciales "impediría el uso de las transferencias electrónicas rápidas de fondos en el comercio al causar retrasos y encarecer su uso", advirtió el banco central estadounidense. El juez restó importancia a esas inquietudes.
Parte de la deuda argentina data de la cruenta dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. La junta militar triplicó la deuda externa del país y en los años noventa Argentina siguió endeudándose emitiendo títulos públicos. Para 2001, la carga era insostenible y la economía se derrumbó. El incumplimiento de pagos del país sudamericano por 95.000 millones de dólares es todavía un récord mundial.
Fernández ha considerado siempre que esa deuda impaga es ilegítima. La mandataria y su predecesor y fallecido esposo Néstor Kirchner, que asumió el cargo en 2003, nunca han hecho pagos a los bonistas litigantes.
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, responsabilizó el jueves a los funcionarios de gobiernos anteriores por el fallo del juez estadounidense al señalar que "fueron ellos quienes cedieron la jurisdicción argentina cuando colocaron los bonos" que luego terminaron en cese de pagos.
"No voy a cuestionar el fallo técnicamente, sino a quienes cedieron la jurisdicción argentina", dijo tras citar a los ex ministros de Economía, José Martínez de Hoz --en ese cargo durante la última dictadura-- y Domingo Cavallo, quien ejerció el cargo en los años 90 y en 2001.
"Néstor y Cristina Fernández de Kirchner tuvieron que levantar (a partir de la reestructuración de la deuda) la mugre que nos dejaron", sostuvo De Vido.
Argentina ofreció nuevos títulos que pagaban menos de 30 centavos por cada dólar adeudado en sendas restructuraciones de deuda en 2005 y 2010. Para ese último año 93% de los tenedores de bonos originales aceptó el canje. El alivio concedido por esos bonistas le permitió a Argentina salir de una profunda crisis económica. Numerosos analistas lo han descrito como un modelo que podrían considerar Grecia y otros países muy endeudados.
Los tenedores de bonos que no aceptaron esos canjes, encabezados por NML Capital Ltd. --un fondo de inversión del multimillonario estadounidense Paul Singer--, insistieron ante la justicia en el pago completo más intereses.
Desde entonces los abogados de Singer han viajado por el mundo con la intención de lograr el embargo de activos de Argentina. Recientemente consiguieron la confiscación de la fragata Libertad en Ghana como garantía de pago.
La solución del juez Griesa es obligar a Argentina a pagar a los bonistas que no entraron en los canjes una cantidad igual cada vez que haga un pago de amortización a los tenedores de bonos canjeados.
La decisión fue rechazada por un grupo de tenedores de bonos que tienen 20.000 millones de dólares en deuda argentina reestructurada. Esos bonistas dijeron que ya han sufrido "decenas de miles de millones de dólares en pérdidas" y que no deberían ser castigados al permitir que unos pocos que no entraron en los canjes se lleven parte de sus ya escasos pagos y ganen hasta un 200% de su inversión original.
Claudio Lozano, diputado del opositor Frente Amplio Progresista, de centroizquierda, dijo que si el gobierno argentino hiciera lo que le ordena Griesa se tendrían que "reabrir las negociaciones con los bonistas que aceptaron" los canjes.
"Estaríamos necesitados de reabrir la discusión con el resto de los acreedores porque la cláusula que el canje tenía era que si se establecieran mejores condiciones para los tenedores de bonos que no ingresaron, se trasladaban automáticamente al canje", afirmó Lozano.
Argentina le comunicó al juez que su responsabilidad termina una vez que transfiera el dinero al Bank of New York Mellon, que a su vez les paga a los bonistas de los canjes. El banco, por su lado, indicó que podría sufrir demandas de todas las partes si hace algo distinto a procesar los pagos como fueron previstos originalmente.
Griesa dijo que estaba adoptando la medida debido precisamente a las "declaraciones incendiarias" de funcionarios argentinos, que han asegurado que no pagarán ni un centavo a NML Capital Ltd.
Argentina se está quedando sin opciones. Cualquier determinación que no sea un reembolso íntegro podría provocar que los tenedores de cualquier tipo de bonos argentinos exijan un pago inmediato y completo.
"En realidad creo que lo que buscan es provocar un impago técnico", dijo el lunes la presidenta. "¿Qué es un impago técnico? Es cuando se paga pero no a tiempo o en forma o lugar. Por ejemplo, no se paga en Nueva York para que no confisquen el dinero", agregó.
Esa es la posibilidad que preocupa a los tenedores de bonos canjeados. Si Argentina se niega a pagar a cualquiera para enfrentarse a bonistas litigantes, "la prohibición transformaría un impago relativamente menor en un cataclismo que afectará aún más la ya debilitada economía global", advirtieron.
Fernández intentó calmar la situación indicando que Argentina tiene 45.300 millones de dólares en reservas y una deuda soberana mucho menor que hace varios años.
Pero si Buenos Aires paga a los demandantes los 1.430 millones de dólares que exigen, enfrentaría otras demandas similares. Moody's Investors Service dijo que eso podría sentar un precedente legal para otros bonistas que tienen casi 12.000 millones de dólares en deuda impaga.
Ramos, el analista de Goldman Sachs, está de acuerdo con que "si Argentina paga, todos los otros bonistas que no están cubiertos por este fallo quedarán implicados".
Argentina tiene la capacidad de pagar esos 12.000 millones de dólares, según Ramos. "Después de todo, está usando 10.000 millones de sus reservas cada año en financiar programas gubernamentales. Y creo que saldar sus deudas implicará hacer un buen uso de esas reservas", sostuvo.
Un cese de pagos podría perjudicar mucho a una economía que sufre fuga de capitales y una creciente inflación. La agencia de calificación Moody's considera la deuda argentina como basura y el país tiene muy pocos lugares a los que recurrir para financiarse.
Abogados argentinos dijeron que Argentina todavía tiene instancias de defensa tras el fallo de Griesa.
La consultora Eurasia Group dijo en un informe al que tuvo acceso la AP que es probable que Fernández interprete el fallo del magistrado como una conspiración de los fondos buitres y otros miembros del sistema financiero en contra de su país y que por tanto no hay que pagar. "Así es que si Argentina no puede cambiar la decisión del juez rápidamente, un cese de pagos técnico es altamente probable", señaló la consultora.
Después de apelar a un tribunal de alzada, es muy posible que Argentina termine haciéndolo ante la Corte Suprema. La mayoría de los especialistas consultados por Eurasia Group creen que es altamente improbable que ese alto tribunal considere el caso si hay fallos unánimes en contra del país y dado que puede no ser una prioridad federal, aunque el asunto podría cambiar si existe una preocupación sobre el impacto en el sistema financiero de Nueva York , señaló el informe.