El presidente Obama con su consejero para Latinoamérica,
Ricardo Zúñiga. Al fondo, la consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice. ©
White House
Estados Unidos, Alemania, Canadá, Israel y el
Reino Unido participantes en la «Operación Jericó»
Una vez más, la administración Obama trata de cambiar por la
fuerza un régimen que se resiste a sus designios. El 12 de febrero de
2015, un avión propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con
las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear
el palacio presidencial de Caracas para eliminar físicamente al presidente
Nicolás Maduro. Los conspiradores tenían previsto poner en el poder a la
ex diputada María Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato
por varios ex presidentes latinoamericanos.
Red Voltarire | 23 Feb. 2015 | por Thierry Meyssan
El presidente Obama había emitido un claro aviso.
Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa (National
Security Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de
la democracia está en peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela, desde
la adopción de la Constitución de 1999, uno de los Estados más
democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor en materia
de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de la independencia y
la redistribución de la riqueza nacional.
Era el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de
planificar el derrocamiento de las instituciones democráticas
de Venezuela. El golpe de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.
La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo
de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático»
es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de
Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor
del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la
Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en
La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una
oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las
relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington
se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que
sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través
de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National
Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International
Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic
Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for
Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados
utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez
participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los
ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del
control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de
garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido
–a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza
sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas:
en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el
ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes
Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes
Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del
gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado
grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de
productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos
tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de
motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre
los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que,
a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y
de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a
atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama
había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra
Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía
querer sancionar a las personalidades responsables de la represión contra
manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año,
Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso
medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir
a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a
43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de
Caracas.
El ex número 2 de la ISAF en Afganistán, general Thomas W.
Geary, actualmente al mando de la inteligencia del SouthCom.
La acción militar estaba bajo la supervisión del general
Thomas W. Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez,
desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar del golpe aparecen
el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma actualmente
administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y
John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).
Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano,
matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar
a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente
identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía
bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los
que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de
Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado
por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de
los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en
Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador
estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Varios
oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de antemano un
mensaje a la Nación anunciando que habían tomado el poder para restaurar el
orden en el país. También estaba previsto que suscribirían el plan de
transición, publicado en la mañana del 12 de febrero de 2015 en el diario El Nacional
y redactado por el Departamento de Estado estadounidense. El plan incluía
la formación de un nuevo gobierno, encabezado por la ex diputada María
Corina Machado.
El golpe de Estado pondría en el poder a María Corina
Machado. El 26 de enero de 2015, la ex diputada recibía
en Caracas a sus principales cómplices extranjeros.
María Corina Machado fue presidenta de Súmate, la asociación
que organizó y perdió el referéndum revocatorio contra el presidente
Hugo Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento– los
fondos de la NED (National Endowment for Democracy) y los servicios del
publicista francés Jacques Seguela. A pesar de aquella derrota, María
Corina Machado fue recibida con honores por el presidente George W. Bush en el
Buró Oval de la Casa Blanca el 21 de marzo de 2005. Después de ser electa
en 2011 como representante del Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014
María Corina Machado se presentó ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) como jefa de la delegación de Panamá a ese foro continental
y fue inmediatamente destituida de su cargo de diputada por haber
violado así los artículos 149 y 191 de la Constitución de Venezuela.
Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina
Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder
ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las
personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
¡Mala suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba
vigilando a las personalidades sospechosas de haber fomentado un complot
anterior para asesinar al presidente Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de
Caracas había acusado a María Corina Machado, el gobernador Henrique Salas
Romer, el ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre
Birceño, el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M.
Burelli, quienes negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que habían
sido falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto, todos eran
cómplices.
Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia
Militar descubrió la «Operación Jericó». En la noche del 11 de febrero, los
principales líderes de la conspiración y un agente del Mosad israelí fueron
arrestados y se reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros
implicados fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de
los arrestados permitieron la detención de otro cómplice:
el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de
enlace con Israel. Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv,
el 18 de mayo de 2012, para reunirse con el primer ministro israelí
Benyamin Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman
actuando como representante del jefe de la oposición venezolana, Henrique
Capriles Radonski.
El presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato
en televisión denunciando a los conspiradores [
1].
Mientras tanto, en Washington, la portavoz del Departamento de Estado
hacía reír a los periodistas que recordaban el golpe de Estado organizado por
Obama en 2009 en Honduras o más recientemente, en enero de 2015,
en la intentona golpista de Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones,
como todas las anteriores, son ridículas. Es una política de hace tiempo,
Estados Unidos no apoya las transiciones políticas por medios
no constitucionales. Las transiciones políticas deben ser
democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto varias veces
que el gobierno venezolano trata de desviar la atención de sus propias
acciones acusando a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad
internacional por los acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos
esfuerzos reflejan falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela
al enfrentar la grave situación que está confrontando.»
Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea
un grave dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando
los principales líderes de la oposición están en la cárcel por haber
preparado crímenes en contra de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente, que
Estados Unidos ha cambiado, que ese país ha dejado de ser una
potencia imperialista y que ahora defiende la democracia en el mundo, la «Operación
Jericó» es un obligado tema de reflexión.
Estados Unidos contra Venezuela
En 2002, Estados
Unidos organizó un golpe de Estado contra el presidente democráticamente
electo Hugo Chávez Frías [
2]
y posteriormente asesinó al juez venezolano a cargo de la investigación,
Danilo Anderson [
3].
En 2007, Estados
Unidos intentó un cambio de régimen organizando en Venezuela una «revolución de
color» con la participación de grupos trotskistas [
4].
En 2014, Estados
Unidos pareció renunciar a su objetivo y respaldó grupos anarquistas que
realizaron innumerables actos vandálicos para desestabilizar Venezuela, lo
que los venezolanos llaman la Guarimba [
5].
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Venezuela después de su participación en protestas
antigubernamentales violentas que causaron la muerte de más de 40 personas
‘The New York Times’ tiene una historia vergonzosa cuando se
trata de Venezuela. El Consejo Editorial aplaudió felizmente el violento golpe
de Estado en abril de 2002 que derrocó al presidente Chávez y resultó en la
muerte de más de 100 personas. Cuando Chávez regresó al poder dos días después,
gracias a sus millones de seguidores y las Fuerzas Armadas leales, el ‘Times’
no se retractó por su error anterior, sino que con arrogancia imploró a Chávez
a “gobernar responsablemente”, alegando que él era el responsable por el golpe.
Pero el hecho de que el ‘Times’ ha comenzado una persistente campaña directa
contra el actual Gobierno de Venezuela, con artículos distorsionados y
claramente agresivos -editoriales, blogs, opinión y noticias- indica que
Washington ha colocado a Venezuela en la vía rápida del “cambio de régimen”.
Injerencia directa de EEUU
Durante el acto con los Consejos Presidenciales, el
presidente Maduro aportó detalles sobre la intervención de funcionarios de la
Embajada de Estados Unidos en el plan golpista que sería activado el 12 de
febrero.
Indicó que posee pruebas de la participación personal de
miembros de la embajada norteamericana, para tratar de fracturar la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB), utilizando la sanción que el gobierno de
Barack Obama trató de imponer a funcionarios venezolanos y que fue rechazada
por el mundo e instancias internacionales.
Explicó que uno de los objetivos de la Embajada de Estados
Unidos era presionar a los oficiales de la FANB para que aceptaran traicionar
la patria, "pero hoy puedo decir que cada uno de los oficiales que fueron
llamados, les dieron una respuesta de dignidad a estos funcionarios peleles de
la embajada gringa".
"Son mecanismos desesperados de conspiración. Aprueban
la ley de sanciones y luego una funcionaria -de quien tengo nombre y teléfono-
llamaba a las esposas de algunos generales, una semana y media antes de la
fecha que habían colocado para el atentado golpista, para decirles que estaban
llamando de la embajada de EE UU para informarles que su esposos estaban
sancionados y las visas de ellas y su familias estaban invalidadas, buscando
crear la zozobra en la familia militar", detalló el mandatario.
VENEZOLANOS QUE NO OS MANIPULE LA DERECHA TRAIDORA GOLPISTA
DE LOS USA Y SIONISTAS
solo quieren vuestro petroleo cuando logren el poder se olvidaran de devosotros
y os esclavizaran como esta pasando aqui en España con recortes laborales
sueldos de miseria y desahucios usando a la policia para darle LAS CASS A LA
BANCA que provoco la crisis LOS GOLPISTA SSON UNOS TRAIDORES MAL NACIDOS
RESISITR EL NOM
Las tácticas más eficaces que el FBI usó contra el Partido de las Panteras
Negras y otros movimientos radicales que luchaban por cambios profundos en
Estados Unidos, fueron la infiltración, la coerción y la guerra psicológica.
Infiltrar agentes en esas organizaciones, o captarlas desde adentro, que luego fueron
capaces de obtener acceso y confianza a los más altos niveles, ayudó a destruir
esos movimientos desde adentro, desglosándolos psicológicamente y
neutralizándolos políticamente. Estas tácticas y estrategias encubiertas fueron
exhaustivamente documentadas y evidenciadas en documentos del Gobierno
estadounidense obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información (FOIA) y
publicados en el excelente libro de Ward Churchill y Jim Vander Wall ‘Agentes
de Represión: las guerras secretas del FBI contra las Panteras Negras y el
Movimiento indio Americano’ (South End Press, 1990).
http://www.contrainjerencia.com/?p=100034
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