La Audiencia ha condenado al exmarido de Mónica Oltra a cinco años de prisión al exmarido de Mónica Oltra por abusos sexuales a una adolescente en un centro de protección. Además, no podrá trabajar con menores durante los próximos diez años y tendrá que abonar una indemnización de 6.000 euros. La sentencia valida el testimonio de la víctima y afea la actuación de la directora de las instalaciones donde se produjeron los hechos y de la propia Conselleria de Política Inclusivas que dirige Oltra. Es más, el tribunal sugiere que podría apreciarse incluso la agravante de superioridad, lo que habría elevado la pena a los seis años.
Los magistrados dan por probado que Luis Eduardo Ramírez acudía a la habitación de la menor cuando estaba castigada -no cumplía con la normativa del centro- y tras darle un masaje y quedarse esta supuestamente dormida utilizaba la mano de la adolescente para masturbarse. La víctima «fingía dormir ante la vergüenza de la situación». Los hechos se produjeron entre finales de 2016 y principios de 2017. En aquella época, el ahora condenado todavía era esposo de la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas y vivían en el mismo domicilio si bien, según su entorno, «ya no hacían vida de pareja». Ahora están separados.
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Han existido –que tengamos nosotros conocimiento- 4 aperturas oficiales de procesos judiciales abiertos ¡cuatro procesos en 20 años! con 27 testigos que han declarado a favor de las 80 víctimas que oficialmente se conocen (aunque La Tribuna de España tiene conocimiento de casi un centenar de niños afectados, 96 para ser exactos), menores ¡entre los 3 y los 12 años de edad! y denuncias de 9 familias con 17 menores: todas las denuncias fueron sobreseídas.
acaecidos respecto a la veracidad de las denuncias de cuanto ocurrió en el “caso Bar España”, violadores arrepentidos que llegaron a autoinculparse, como Antonio Peraire Edo, que confesó que se trataba de una “red organizada de pederastia”. Pero sirvió de poco. Pese a tener a un verdugo arrepentido que se autoinculpa, que ofrece nombres, detalles… todo: causa archivada
Según el letrado Javier Fernández Torres, en representación de Abogados contra la corrupción, "las denuncias efectuadas por las víctimas unidos a los correspondientes informes periciales médicos y psicológicos, deberían ser consideradas como pruebas constituyentes de asesinato y abusos sexuales contra menores, que permitan decretar todo tipo de medidas cautelares para la protección de víctimas y denunciantes, como la fianza, previa práctica de las necesarias diligencias de averiguación patrimonial, lo que garantizará el necesario resarcimiento económico de las víctimas por los daños y perjuicios causados a las numerosas víctimas acreditadas".
Además, Abogados contra la corrupción señala la culpabilidad de "los Juzgados de Castellón y de la Fiscalía, de la administración de la Generalidad Valenciana e incluso de la propia Guardia Civil por obviar sistemáticamente y de forma continuada su obligación de investigación para facilitar la protección de las víctimas" y sostiene que todos ellos "podrían haber incurrido en delito continuado de la obligación de perseguir delitos".
Los pederastas se ponen nerviosos. La Tribuna de España y Josele Sánchez no están solos
La estrategia inicial de los pederastas Francisco Camps, Carlos Fabra, Giuseppe Farina o la juez Sofía Díaz García no era la de querellarse contra este periodista ni contra este medio; parece ser que se reunieron y -siguiendo los consejos de la magistrado- pensaban que esto duraría sólo unos días y que tenían controlados los grandes medios de comunicación: ninguno daría cobertura a un periodista antisistema como Josele Sánchez.
"las denuncias efectuadas por las víctimas, unidos a los correspondientes informes periciales médicos y psicológicos, deberían ser consideradas como pruebas constituyentes de asesinato y abusos sexuales contra menores, que permitan todo tipo de medidas cautelares para la protección de víctimas y denunciantes, como la fianza previa, práctica de las necesarias diligencias de averiguación patrimonial, lo que garantizará el necesario resarcimiento económico de las víctimas por los daños y perjuicios causados a las numerosas víctimas acreditadas".
Los 5 asesinatos denunciados por La Tribuna de España, Abogados contra la corrupción las reduce a los dos (de los que son fehacientemente conocedores) y de las 98 víctimas que este periódico sostiene que exieten en el "caso Bar España" el letrado Fernández Torres hace constar el término más de ochenta sin especificar un número exacto:
"Señalamos de forma documentada y bien organizada toda una serie de hechos que indican la existencia de una red de pederastia con presencia en la provincia de Castellón y cuyas acciones han causado la muerte de 2 menores y abusos sexuales a más de 80 víctimas muchos de ellos/as residentes en el Centro de Menores Baix Maestrat de Vinaroz en Castellón y han infligido continuos daños y perjuicios a 16 denunciantes como D. Reinaldo Colas Navarro".
Protección inmediata de las víctimas y petición a la Generalidad Valenciana para que se adhiera a su denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado
Según escrito presentado por Abogados contra la corrupción "la Dirección General de Infancia y Adolescencia del Govern de la Generalitat Valenciana deberá solicitar la inmediata intervención de los Letrados de la Generalitat Valenciana, para que se adhieran a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen organizado por D. Joaquín Manuel Crespo Marques de fecha 29 de mayo de 2013 y ante Unidad Central Operativa - UCO- de la Guardia Civil comunicadas por esta firma profesional, promoviendo las acciones que permitan la inmediata detención y solicitud de FIANZA suficiente a D. Giuseppe Farina, que permita reintegrar a las víctimas los daños y perjuicios causados, y al Govern de la Generalitat Valenciana las indemnizaciones facilitadas a las víctimas del Centro de Menores Baix Maestrat de Vinaroz en Castellón hasta esa fecha".
Así mismo, Abogados contra la corrupción señala la responsabilidad clara de la Generalidad Valenciana en no haber ejercido su labor de tutela de menores...
"Las víctimas del Centro de Menores Baix Maestrat de Vinaroz en Castellón deben reiterar la denuncia de los hechos ante la Dirección General de Infancia y Adolescencia del Govern de la Generalitat Valenciana, solicitando a este organismo la urgente investigación de los hechos denunciados, y una vez comprobados sin la menor dilación, asuma la responsabilidad patrimonial por el flagrante incumplimiento de sus obligaciones como Administración pública tutelar de los derechos de los menores en relación a la gestión del Centro de Menores Baix Maestrat de Vinaroz en Castellón, tramitando de forma urgente e inmediata el pago de las indemnizaciones económicas a las victimas, que hayan probado los graves perjuicios ocasionados por la trama denunciada".
Una actuación judicial tan irregular que Abogados contra la corrupción no se persona en el Juzgado nº 1 de Castellón por prevaricador
79 POSIBLES PEDERASTAS
Imagínense cómo estará "el pastel" para que los letrados no se personen en el Juzgado que entiende de la causa. Imagínense la confianza que tendrán en los tribunales ordinarios, los especialistas en derecho de Abogados contra la corrupción para manifestar que "hermos evitado la participación procesal de Letrado de de Abogados contra la Corrupción ante el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Castellón en las DP 266/2014, por haber entendido que se trata de un procedimiento penal tan irregular como prevaricador en su origen, por lo que hemos dedicado nuestro esfuerzo profesional a llevar a cabo las acciones y recomendaciones descritas en este informe".
Y ¡ojo al datos! las 57 personas implicadas -de los que La Tribuna de España era el primer y único medio de comunicación que se atreve a implicar, con nombre y apellidos, a 42 de ellpos acusándolos directamente de criminales pederastas (del resto seguimos investigando), Abogados contra la corrupción eleva esa cifra ¡hasta los 79 posibles pederastas! en un Informe-Denuncia que contiene "204 páginas e incluye la relación de presuntos participantes en una red de pederastia nacional e internacional con 79 personas presuntamente implicadas en la trama".
Espero, deseo una querella que no se va a producir. Porque si se querellaran existe unna figura en el Derecho Español que se denomina la "exceptio veritatis", es decir, la capacidad de facilitar en el juzgado todas las pruebas de que dispongo. Y eso me otorgaría, con toda seguridad, la absolución. Pero, lo que es más importante, obligaría de oficio a imputar, de manera inmediata, (al haber demostrado que todo cuanto afirmo es cierto) a los Camps, Fabra, Laína, al fiscal José Grinda y las mismísima juez Sofía García que acabrían pasando muchos añozs entre rejas.
Caso Bar España 2. Camps, Fabra y la juez Sofía Díaz entre los implicados
https://latribunadeespana.com/espana/caso-bar-espana-2
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