Israel exige la censura mundial de Internet by El_Informador
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Benyamin Netanyahu, premier israelí, alecciona a ministros de varios países presentes en un foro en Al-Quds, sobre la necesidad de que persigan el “antisemitismo” y la “negación del Holocausto”. 12 de mayo de 2015
Por hispantv.com
El régimen israelí ha exigido, al término de un foro celebrado en la capital de la Palestina ocupada, Al-Quds (Jerusalén), la implantación de medidas de censura de Internet a escala mundial, alertaron el lunes militantes antisionistas franceses.
“Eliminar las páginas de Internet que niegan el Holocausto. Cancelar los resultados de búsquedas que propugnan el odio (por ejemplo, una búsqueda del término ‘judío’ en inglés redirige a páginas antisemitas)”, son algunas de las medidas que impulsa el autodenominado “ministerio de asuntos exteriores israelí” en su página oficial, al término del foro.
El alcance mundial de las pretensiones sionistas se pone de manifiesto con la tercera medida que defiende “combatir la incitación en Internet”: “establecer en cada país un organismo para hacer cumplir la legislación y exigir a los proveedores de Internet que hagan cumplir sus reglas contra el alojamiento de contenido de odio”.
Las redes de influencia que defienden el régimen israelí tratan de descalificar a sus adversarios atribuyendo sistemáticamente “odio” a quienes les oponen resistencia, del mismo modo que los tildan de “antisemitas”, por más que carezcan de todo prejuicio racista o simpaticen con pueblos árabes —y, por tanto, “semitas”— como el palestino.
Estas redes defienden además una supuesta legitimidad de la ocupación de Palestina imponiendo la creencia en un supuesto plan de exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como “el Holocausto”, creencia dictaminada por el Tribunal Militar Internacional formado por los Aliados vencedores al término de la Segunda Guerra Mundial para condenar a sus vencidos.
El 5º foro mundial sobre la lucha contra el “antisemitismo” se celebró así en Al-Quds, entre el 12 y el 14 de mayo, con la asistencia de ministros de diversos países: Heiko Maas, ministro alemán de Justicia; Tim Uppal, ministro canadiense de Multiculturalismo; Todor Tanev, ministro búlgaro de Educación; y Robert-Marius Cazanciuc, ministro rumano de Justicia.
Además de las medidas de censura mundial de Internet, los dirigentes israelíes ponen de relieve otras para combatir el “antisemitismo” en el continente europeo, como “adoptar una definición legal formal del antisemitismo” que incluya los ataques al régimen de Israel y la negación del Holocausto.
“Reforzar la legislación contra el antisemitismo y el entrenamiento de la Policía para hacer cumplir mejor las leyes existentes”, es la segunda; y la tercera, que “los ministros de Educación de Europa deben promover la educación en tolerancia religiosa y preservar la memoria del Holocausto”.
De hecho, distintos países europeos están reforzando ya de modo significativo la persecución política y el castigo de los “delitos” de opinión que ponen en peligro la influencia de las redes sionistas.
En febrero, el Senado italiano aprobó imponer penas de tres años de cárcel a quienes “nieguen el Holocausto total o parcialmente”. Una encuesta difundida en 2005 por el diario británico The Guardian muestra que el 12 % de los italianos cree que “los judíos mienten cuando sostienen que el nazismo exterminó a millones de los suyos en cámaras de gas”.
El nuevo Código Penal español, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, impone de uno a cuatro años de cárcel a quienes “públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores”.
Esto, pese a que en 2007, el Tribunal Constitucional de España declarara anticonstitucional castigar la difusión de ideas o doctrinas que nieguen genocidios, distinguiendo la discusión histórica de la incitación a cometer crímenes.
En febrero, un tribunal alemán condenó a 20 meses de cárcel a la abogada Sylvia Stolz por poner en evidencia la indefensión jurídica en que se encuentran quienes discuten en Europa las circunstancias y razones de la alta mortandad en los campos de concentración alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial.
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