A partir de este lunes, la gran mayoría de instalaciones de autoconsumo en España se pueden convertir en ilegales. Es lo que indica la normativa que aprobó el Gobierno de Rajoy, y las instalaciones anteriores a su entrada en vigor y no se hayan adaptado a la misma serán prácticamente ilegales y podrán ser sancionadas, según informa Greenpeace, que ha iniciado una recogida de firmas.
En un comunicado, la organización ecologista afirma que “el Gobierno del PP parece decidido a proteger los intereses de Iberdrola y las grandes eléctricas con la normativa de autoconsumo. Impide, además, la democratización de la energía y no se enfrenta al cambio climático”.
La organización indica que el Ministerio de Industria “ni siquiera ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas requeridas para modificar las instalaciones. ¡Hace imposible cumplir con las obligaciones que él mismo ha establecido!”.
Greenpeace ha iniciado una recogida de firmas para solicitar que el Consejo de Ministros “acuerde una ampliación del plazo, por lo menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias a causa de la inactividad del Ministerio de Industria”, unas sanciones de entre 6 millones y 60 millones de euros.
En la carta dirigida a Rajoy, Greenpeace escribe: “En el país del sol, no tiene ningún sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad, con una fuente que es renovable, abundante y barata y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada y fomentar la economía ciudadana”.
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